La tarifa que pocos pagan
San Juan acaba de ponerle un número a un fenómeno que se repite en buena parte del país: sólo el 17% de sus pasajeros paga el boleto completo. En Santa Fe, el último registro disponible ubica esa proporción en 23,2% y en Rosario ronda un tercio de los viajes. Detrás del precio que aparece en SUBE funciona una trama de gratuidades, descuentos, subsidios cruzados y aportes públicos que obliga a hacer otra pregunta: quién paga realmente el transporte público.
Cuando se anuncia un aumento del colectivo, casi toda la discusión se concentra en un número: la nueva tarifa. Pero ese valor no necesariamente representa lo que paga la mayoría de quienes suben al colectivo y mucho menos alcanza para explicar cuánto cuesta mover cada unidad.
El caso más reciente apareció en San Juan. La ministra de Gobierno provincial, Laura Palma, informó que apenas el 17% de los pasajeros de la Red Tulum paga la tarifa plena de $1.300. Más del 80% utiliza algún beneficio nacional o provincial, entre ellos el Boleto Escolar y Docente Gratuito.
No es una excepción.
En Santa Fe, los datos oficiales permiten seguir el fenómeno durante tres años. En 2023 se realizaron 31,8 millones de viajes y 31,7% pagó tarifa plena. En 2024 la proporción cayó a 25,5%. En 2025 fueron 6.616.971 viajes sobre un total de 28.508.806: 23,2%.
Dicho de otra manera: en el último año disponible, casi 77 de cada 100 viajes en colectivos santafesinos utilizaron algún atributo tarifario nacional, provincial o municipal.
El cambio también muestra otra transformación. Entre 2023 y 2025 los viajes con tarifa plena disminuyeron en más de 3,4 millones, mientras crecieron los realizados con atributos locales. La tarifa que suele ocupar el centro de la discusión pública representa, en los hechos, a una porción cada vez menor de los viajes.
En Rosario ocurre algo similar. Los datos que viene siguiendo Circulando ubican alrededor de un tercio de los viajes en tarifa plena. Desde el 5 de octubre, además, el boleto básico cuesta $2.150, mientras que el último estudio de costos disponible calculó una tarifa técnica de $2.713,49.
Y aquí aparece una segunda diferencia que suele quedar escondida.
Una cosa es que un pasajero tenga una gratuidad o descuento y otra distinta es que la tarifa cobrada al pasajero cubra el costo reconocido del servicio. Incluso quien paga el boleto básico puede estar abonando menos que el costo técnico calculado para transportar ese viaje.
La tarifa plena no es necesariamente la tarifa real del sistema. Es el valor que paga un determinado grupo de pasajeros dentro de un esquema mucho más complejo.
A su alrededor funcionan boletos educativos, tarifas sociales, gratuidades y descuentos. Pero tampoco todos esos beneficios se financian de la misma manera.
Algunos cuentan con una compensación específica del Estado. Otros son cubiertos total o parcialmente mediante aportes públicos generales. Y existen también gratuidades cuyo costo se incorpora a la estructura tarifaria y termina siendo soportado por quienes sí pagan boleto.
Es lo que se conoce como subsidio cruzado.
En esos casos, el viaje gratuito no es un viaje sin costo. Alguien lo paga. Si no existe una compensación pública específica que cubra ese beneficio, su costo se distribuye sobre el resto del sistema y puede incrementar la tarifa plena que pagan los pasajeros sin atributos.
Esto introduce una paradoja: cuanto menor es la proporción de pasajeros que paga tarifa plena, mayor puede ser la carga que determinados beneficios no compensados ejercen sobre ese grupo, dependiendo de cómo esté construido el cálculo tarifario de cada jurisdicción.
Por eso, para entender cuánto cuesta realmente viajar en colectivo hay que separar al menos cuatro mecanismos: lo que paga directamente el pasajero; las compensaciones públicas asociadas a determinados atributos; los aportes generales que realizan provincias o municipios; y los subsidios cruzados mediante los cuales unos pasajeros terminan financiando parte del viaje de otros.
La combinación cambia según la ciudad.
Mendoza ofrece uno de los ejemplos más explícitos de intervención estatal. Cuando la tarifa general era de $1.000, el Gobierno provincial informó que el costo total de cada viaje en colectivo alcanzaba los $2.912. El Estado aportaba $1.912 por viaje. Es decir, aun un pasajero que pagaba la tarifa general cubría aproximadamente un tercio del costo reconocido del servicio.
En Córdoba, la Municipalidad llevó el boleto a $2.150 en julio y sostiene que desde la eliminación del Fondo Compensador del Interior destinó más de $250.000 millones de recursos propios al transporte. El esfuerzo municipal actual ronda, según sus propios datos, los $7.000 millones mensuales.
Paraná también construye su sistema sobre la separación entre tarifa técnica, que refleja el costo reconocido, y tarifa efectiva abonada por el usuario.
El modelo cambia nuevamente en el AMBA, donde existe un régimen específico de compensaciones y SUBE permite identificar viajes realizados con distintos atributos.
No existe, entonces, una única forma de subsidiar el transporte argentino. Tampoco existe una relación directa entre el precio publicado del boleto y el costo final del servicio.
En Santa Fe sólo 23,2% de los viajes registrados durante 2025 pagó tarifa plena.
Sobre 28,5 millones de viajes, 9 millones utilizaron atributos nacionales, 12,8 millones atributos locales o provinciales y 6,6 millones tarifa plena.
Tres años antes, casi uno de cada tres viajes pagaba el boleto completo.
La tendencia obliga a mirar la tarifa desde otro lugar: el problema ya no es solamente cuánto cuesta el boleto, sino cómo se financia todo aquello que el pasajero no paga.
Ahí aparece una particularidad importante de las dos mayores ciudades santafesinas.
Santa Fe y Rosario sostienen sus sistemas con aportes municipales mensuales por sumas fijas. Esos recursos no funcionan como una compensación automática que complete, viaje por viaje, la diferencia entre lo abonado por cada pasajero y el costo técnico.
Al mismo tiempo, conviven beneficios que poseen mecanismos específicos de compensación con franquicias y gratuidades cuyo costo forma parte de la ecuación económica general del sistema.
La distinción importa. Decir que un pasajero “viaja gratis” describe cuánto paga ese usuario, pero no explica quién financia su viaje.
Puede hacerlo Nación, Provincia o municipio. Puede existir una compensación vinculada al atributo. Puede cubrirse mediante un aporte general al sistema. Y puede ocurrir que una parte termine incorporada al costo que soportan los pasajeros que pagan tarifa plena.
Desde julio, además, la Nación modificó el mecanismo de financiamiento de la Tarifa Social Federal y estableció valores de referencia correspondientes al 30 de junio de 2026. Cuando una jurisdicción mantiene beneficios superiores o actualiza sus tarifas por encima de esa referencia, debe resolver cómo financiar la diferencia.
En Santa Fe se suma el peso particular del Boleto Educativo, que introduce recursos provinciales vinculados a los viajes realizados por sus beneficiarios.
El resultado es una estructura en la que conviven recaudación tarifaria, compensaciones por atributos, subsidios cruzados, aportes provinciales y sumas fijas municipales.
La discusión sobre los próximos aumentos del colectivo probablemente vuelva a concentrarse en el número que aparece en la pantalla de SUBE.
Pero ése es sólo uno de los precios del sistema.
La comparación entre San Juan, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Paraná y el AMBA muestra modelos distintos y porcentajes que no siempre son directamente comparables. Lo que comparten es otra característica: la tarifa plena dejó de explicar por sí sola cómo se sostiene el transporte público.
Y las gratuidades tampoco son gratuitas para el sistema.
Conocer cuánto cuesta el boleto ya no alcanza. Hay que saber cuántos pasajeros lo pagan, cuánto cuesta realmente transportar cada viaje, qué beneficios poseen compensación específica y cuáles se trasladan al resto de la estructura tarifaria.
Porque detrás de cada viaje que el pasajero no paga completamente queda siempre la misma pregunta:
quién paga la diferencia.
Fuentes: Municipalidad de Santa Fe; Municipalidad de Rosario; Secretaría de Transporte de la Nación.
