La RP31 pone la calidad de la obra bajo examen
La aparición de deterioros en sectores recientemente intervenidos llevó el reclamo más allá del estado de la calzada. Para determinar responsabilidades hay que reconstruir qué se contrató, cómo se ejecutó y qué garantía tiene la reparación.
La aparición de baches en sectores de la RP31 que habían recibido trabajos recientes abrió una discusión distinta de la habitual demanda por reparar una ruta deteriorada. El senador por General Obligado, Orfilio Marcón, recorrió intervenciones realizadas sobre el corredor y pidió revisar la calidad y durabilidad de las reparaciones, aunque todavía es necesario reconstruir la documentación técnica antes de atribuir responsabilidades.
La advertencia merece ser comprobada porque una obra vial no termina cuando desaparecen las máquinas. Los contratos establecen materiales, procedimientos, condiciones de recepción y períodos durante los cuales pueden existir responsabilidades de la empresa ejecutora si aparecen fallas atribuibles a los trabajos.
Qué se hizo y cuánto debía durar
Para determinar si los nuevos deterioros constituyen una falla de obra hay que identificar primero qué sectores fueron intervenidos y qué tipo de reparación recibió cada uno. Un bache sobre un tramo incluido en un contrato reciente no necesariamente prueba por sí mismo una ejecución deficiente: también importan el estado previo de la estructura, las características del tránsito, el drenaje y el alcance técnico de los trabajos contratados.
La RP31 tiene además una función que obliga a mirar el problema desde la movilidad y no solamente desde la obra pública. Es un corredor utilizado por localidades y actividades productivas del norte santafesino, donde el deterioro de la calzada afecta tiempos de viaje, seguridad y costos de transporte.
Por eso la duración de una reparación forma parte del resultado de la inversión. Una intervención que necesita volver a ejecutarse poco tiempo después no tiene el mismo costo real que otra capaz de sostener condiciones adecuadas durante el período previsto.
El expediente puede responder más que la denuncia
El siguiente paso periodístico es reconstruir el contrato de Vialidad Provincial: empresa ejecutora, tramo, monto, fecha de los trabajos, especificaciones técnicas, recepción y período de garantía. También corresponde pedir al organismo provincial una evaluación sobre los sectores cuestionados y establecer si ya se realizaron inspecciones o intimaciones.
Con esos elementos será posible diferenciar una denuncia política de un problema técnico comprobado. Si los deterioros se encuentran dentro de los tramos intervenidos y todavía existe una garantía vigente, la pregunta será quién debe repararlos y a qué costo. Si pertenecen a otros sectores o responden a trabajos diferentes, habrá que explicarlo con la misma claridad.
La RP31 puede convertirse así en un caso útil para observar algo que normalmente desaparece después de la inauguración o de la fotografía de las máquinas trabajando: cómo controla el Estado la calidad de una reparación vial y qué ocurre cuando la ruta vuelve a deteriorarse.
Fuentes consultadas
Gobierno de Santa Fe – obra actual RP31 Tartagal–Intiyaco (contexto): https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/287060/
