Combustibles y rutas: el impuesto que se posterga y los fondos que reclama el transporte
El Gobierno nacional volvió a postergar la actualización pendiente de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil. La medida evita durante octubre una presión impositiva adicional sobre el precio de los combustibles, pero coincide con otro debate que toca directamente al transporte de cargas: qué ocurre con los recursos que ya se recaudan a través del combustible y deberían contribuir al mantenimiento de las rutas.
Mediante el Decreto 1126/2026, el Ejecutivo trasladó al 1° de noviembre la aplicación de los incrementos pendientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. Esas actualizaciones debían comenzar a regir este 1° de octubre y acumulan diferencias correspondientes a períodos anteriores.
Para el transporte de cargas, la decisión tiene un efecto directo. El combustible es uno de los principales componentes de sus costos operativos y las sucesivas postergaciones impositivas vienen moderando parcialmente su evolución.
Pero mientras una parte del impuesto vuelve a postergarse, FADEEAC llevó la discusión hacia el destino de lo que efectivamente se recauda.
La Federación respaldó una acción judicial iniciada en Entre Ríos que reclama la reactivación de trabajos de mantenimiento e infraestructura vial y pone bajo discusión la utilización de recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso SIT, mecanismos vinculados al financiamiento de infraestructura de transporte.
El planteo coincide con un reclamo que la entidad viene realizando: que los recursos obtenidos mediante los impuestos incluidos en cada carga de combustible se apliquen efectivamente a los caminos conforme al destino previsto por la normativa.
La discusión tiene especial relevancia para el transporte de cargas. Los relevamientos realizados por la Federación vienen advirtiendo sobre el deterioro de numerosos corredores nacionales y sobre su impacto en seguridad, tiempos de viaje, reparaciones y costos operativos.
Así, dos hechos ocurridos prácticamente al mismo tiempo terminan unidos por un mismo impuesto. Por un lado, el Gobierno posterga una parte de su actualización para evitar que se traslade inmediatamente al surtidor. Por otro, los transportistas preguntan qué sucede con los recursos que el combustible ya genera y cuánto de ese dinero regresa a las rutas por las que circulan.
Para la logística, el problema no termina entonces en cuánto cuesta llenar el tanque. También incluye cuánto cuesta circular por una infraestructura deteriorada y cómo se financia su recuperación.
Fuentes: Decreto 1126/2026 del Gobierno nacional; FADEEAC y publicaciones periodísticas sobre el reclamo por fondos viales.
